Un verdadero “festín eléctrico”, con los dineros recaudados por concepto del cargo por confiabilidad, denunció el Representante David Barguil en el debate promovido en la plenaria de la Cámara.

Según Barguil, los recursos fueron manejados, inclusive, por empresas quebradas y que hoy no tienen como responderle a los colombianos. En otros casos, las empresas muestran multimillonarias utilidades.

Calificó el 2006 como el “año negro” para los usuarios y el de alegría para los operadores de la energía. En el caso de los usuarios, fueron obligados a pagar dicho cargo bajo el pretexto de garantizar una energía futura y evitar los riesgos de un apagón en el país.

“Desde 2006 pagamos un seguro para cuando necesitáramos energía la tuviéramos, cuando el precio en Bolsa superara al de escasez. Entonces, ¿dónde está la energía en firme que contratamos y pagamos? Si es a carbón, gas, fuel oil, etc, ese no es problema de los colombianos”, precisó.

“Hoy no nos cumplieron y dicen que para entregar la energía necesitan $1.1 billones en tarifas más 4 años más de cargo por confiabilidad que da $7.5 billones adicionales. Pero eso no decían los contratos”, recalcó. Lo grave del caso es que en el momento en que deberían responder con el objeto del cargo, el 51% de las plantas registraban restricciones de operación.

En analogía con las casas aseguradoras, Barguil señaló: “Les pagamos un seguro entre 2006 y 2015, ocurrió un siniestro (El Niño) y ahora dicen que deben aumentar el valor de la prima para poder cumplir”.

Al referirse a la distribución de los recursos, indicó que en el caso de Chivor recibió $665 mil millones por el cargo y ha generado utilidades por $1.6 billones. Celsia, cuyos socios son Argos, Porvenir y Protección, recibió $137 mil millones y sus utilidades alcanzan el billón de pesos. Zona Franca Celsia, recibió $400 mil millones y sus utilidades ascienden a $200 mil millones. La Empresa de Energía del Pacífico, recibió $500 mil millones y registra utilidades por $2.5 billones. Emgesa, recibió $2.7 billones y sus utilidades son de $4.7 billones.

En otros casos, los dineros fueron recibidos por empresas en quiebra. El caso más sobresaliente es el de Termocandelaria, que recibió $567 mil millones, registra pérdidas, sus activos se encuentran pignorados, los dueños la vendieron, se fueron del país y finalmente terminó intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que significa que el Estado deberá disponer recursos para poder operarla.

Por ello consideró que Termocandelaria “es la Interbolsa del sector eléctrico”.

Otro caso es el de Termovalle, que recibió $150 mil millones y sus pérdidas acumuladas son de $39.000 millones. Proeléctrica, recibió $155 mil millones con pérdidas de $37 mil millones.

A todo esto cuestionó que la vigilancia estaba a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos pero ni esta entidad ni la Contraloría General de la República realizaron una sola auditoría sobre esta situación. “¿Qué pasó con las Garantías de la Obligación de Energía en Firme?”, cuestionó.

Por su parte, la Representante Sara Piedrahita Lyons abrió el debate con una enérgica intervención.

Cuestionó las decisiones de la CREG, del Ministerio y de la Superintendencia de Servicios Públicos y dijo que “con el cargo por confiabilidad al país le metieron gato por liebre”.

También se refirió al caso de Termocandelaria, caso en el cual cuestionó la ambigua posición de la Superservicios cuando asegura que todo esta bien, pero termina interviniendo a la central.

“Termocandelaria es la Caprecom de las generadoras”, aseguró la Representante para señalar el desastre de su manejo.

Tanto Sara Piedrahita como David Barguil recordaron que antes de entrar en vigencia el cargo por confiabilidad, los colombianos también pagaron otros $8.5 billones por el denominado cargo por capacidad o energía firme disponible medida por megavatios.

Los Representantes también le reiteraron al Ministro de Minas, Tomás González, la derogatoria del Decreto que dispuso el alza en las tarifas de energía, por considerar que los colombianos no pueden asumir las pérdidas ni el pésimo manejo de las empresas eléctricas.